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Diputados y senadores denunciaron falta de transparencia en el reavalúo 2024. CGR abrió investigación formal el 2 de abril.
La Contraloría General de la República (CGR) inició una investigación oficial contra el Servicio de Impuestos Internos (SII) por posibles irregularidades en el proceso de reavalúo de bienes raíces agrícolas efectuado en 2024. La acción fue formalizada mediante el oficio EN N.º 327125, tras un requerimiento parlamentario liderado por la diputada Paula Labra (RN), a raíz de denuncias sobre alzas de hasta 800% en los impuestos territoriales que afectan directamente al sector agrícola.
El proceso de reavalúo —ejecutado por el SII bajo la supervisión de Rodrigo Álvarez, jefe del Departamento de Avaluaciones— se realiza cada cuatro años. La División de Fiscalización de la CGR, dirigida por Dorothy Pérez, designó como auditores a Ricardo Courbies y Sergio Reyes, con Maximiliano Corral como supervisor. Según lo indicado en el oficio, estos funcionarios “actuarán investidos de las facultades contempladas en la ley N.º 10.336 de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República”.
Legisladores como Sergio Bobadilla (UDI), Carmen Gloria Aravena y María Eugenia Catalán se sumaron a la denuncia.
Visión de los afectados
“Los significativos aumentos en los cobros de contribuciones que han afectado particularmente al rubro agrícola, generan una fuerte inquietud debido a la falta de fundamentación de las resoluciones”, afirmó Boris Ureta Jorquera, Abogado Jefe del área Corporativo y Tributaria de Araya & Cía, estudio especializado en el rubro agroexportador.
El SII informó que ya fue notificado de la investigación y que aportará todos los antecedentes solicitados por la CGR. No obstante, hasta la fecha no ha especificado los criterios técnicos aplicados en la valorización ni cuántos predios fueron inspeccionados. Además, el organismo no aclaró si incorporó variables de productividad agrícola en el cálculo de los nuevos avalúos fiscales, que sirven como base para el impuesto territorial.
Boris Ureta Jorquera profundizó en las críticas al afirmar que la desconfianza “se ve agravada por prácticas como fijar el avalúo fiscal de propiedades sin siquiera visitar los predios ni verificar la real capacidad productiva de los mismos”.
