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De la rigidez a la graduación: el impacto de la Ley 21.851 en el régimen sancionatorio de fertilizantes

Tractor aplicando fertilizantes en un campo agrícola
Fotografía: Wikimedia Commons.

En su columna, Felipe Navarrete, abogado especialista en Recursos Naturales y Medio Ambiente de Araya & Cía., analiza los cambios introducidos por la Ley 21.851. La nueva normativa gradúa las multas del SAG por infracciones relacionadas con fertilizantes. Para ello, considera factores como la gravedad de la falta y el tamaño de la empresa, con un impacto positivo en las pymes agrícolas.

El Diario Oficial publicó la Ley 21.851, que modifica la Ley N° 21.349 sobre composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes y bioestimulantes. Esta modificación busca rebajar los montos de determinadas multas. Además, establece criterios de graduación proporcionales a la gravedad de cada infracción.

En este artículo analizo la nueva normativa, que busca corregir sanciones consideradas desproporcionadas. También examino su impacto en las pymes del sector agroinsumos.

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Objetivos de la Ley 21.851

El objetivo principal de la Ley 21.851 es perfeccionar y actualizar el régimen sancionatorio establecido en la Ley 21.349. Esta última regula la composición, el etiquetado y la comercialización de fertilizantes y bioestimulantes.

Para ello, la nueva normativa incorpora parámetros de proporcionalidad y justicia en la aplicación de multas por parte del SAG, como autoridad fiscalizadora. Asimismo, establece reglas claras para impedir la arbitrariedad y garantizar un debido proceso a productores, importadores y comercializadores del sector agrícola.

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Historia de la Ley 21.851

Origen del proyecto y antecedentes

El proyecto que dio origen a la Ley 21.851 surgió a partir de las inquietudes planteadas por diversos gremios del sector silvoagropecuario y autoridades fiscalizadoras. Estas preocupaciones apuntaban a los vacíos y la rigidez de las sanciones contempladas originalmente en la Ley 21.349.

Durante su discusión en las comisiones de Agricultura del Congreso, se evidenció un problema: la falta de criterios de graduación afectaba de manera desproporcionada a pequeños y medianos agricultores. En muchos casos, estos enfrentaban multas severas por faltas puramente administrativas o errores menores en el etiquetado. Esto ocurría incluso cuando no había dolo ni riesgo fitosanitario.

Debate legislativo y criterios de sanción

El debate legislativo se centró en equilibrar una fiscalización rigurosa de la calidad de los insumos agrícolas con sanciones proporcionales. En ese contexto, el proyecto logró un amplio consenso político.

Los legisladores acordaron incorporar un catálogo estructurado de atenuantes y agravantes. De esta manera, se buscó fomentar la corrección temprana de las infracciones, en lugar de mantener un enfoque meramente punitivo.

Aprobación de la normativa

Finalmente, el texto fue aprobado en ambas cámaras y despachado para su promulgación. Así, se consolidó un marco regulatorio más justo, moderno y adecuado a las realidades productivas del país.

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Criterios de graduación de las multas del SAG según la Ley 21.851

La Ley 21.851 modifica el régimen sancionatorio de la Ley 21.349. Para determinar y graduar las sanciones y multas aplicables, la autoridad deberá considerar obligatoriamente los siguientes criterios objetivos:

01. Capacidad económica del infractor

Exige ponderar el tamaño y los ingresos del productor o comercializador. Para ello, considera si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Este factor permite considerar la viabilidad de los infractores de menor tamaño al fijar la cuantía de la multa.

02. Gravedad y naturaleza de la infracción

Establece distinciones entre errores administrativos leves y faltas graves. Entre estas últimas se encuentran la adulteración maliciosa de los componentes de un fertilizante y el riesgo directo a la sanidad vegetal.

03. Conducta anterior (Reincidencia)

Define como circunstancia agravante haber sido sancionado previamente por la misma autoridad fiscalizadora. Esto debe corresponder a infracciones similares dentro de un periodo de tiempo determinado.

04. Beneficio económico obtenido

Determina que la multa debe considerar el lucro o ventaja económica obtenida por el infractor. Esto comprende beneficios derivados de la comercialización indebida o del incumplimiento normativo.

05. Grado de colaboración

Reconoce como atenuante la disposición del infractor a colaborar activamente con la autoridad competente durante la investigación o fiscalización.

06. Corrección oportuna y reparación del daño

Considera favorablemente las medidas correctivas eficaces adoptadas antes de la formulación de cargos. También contempla la mitigación de los riesgos o daños causados al sector o al medio ambiente.

De esta forma, la Ley 21.851 permite graduar las multas del SAG por infracciones relacionadas con fertilizantes. Para ello, considera la naturaleza de la falta y factores como el tamaño de la empresa. Esto genera un impacto positivo en las pymes del sector.

Felipe Navarrete